En noviembre de 2023, se interpuso una querella en Argentina para esclarecer la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en las ejecuciones extrajudiciales (mal llamados "falsos positivos") durante su mandato.
El primer paso es la apertura de la investigación que podría llevar –a largo plazo– a la captura, extradición y condena del investigado si se le encuentra culpable.
En su mandato presidencial (2002-2010) se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales.
Desde el 2003 tenía conocimiento de estos crímenes.
El expresidente dio órdenes directas a oficiales del Ejército que condujeron al asesinato de las víctimas.
En sus discursos públicos niega los crímenes, deslegitima y acusa a quienes denuncian de hacer parte de la guerrilla o de hacer “guerra jurídica”.
La campaña #JusticiaParaLas6402 es una iniciativa liderada por quienes interpusieron la querella en Argentina: las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y organizaciones que tienen décadas de experiencia en la defensa de los derechos humanos, como la Corporación Jurídica Libertad (CJL) que trabaja principalmente en Antioquia, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), en el marco del Espacio de Litigio Estratégico.
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