En el marco de la interposición de la querella, en aplicación del principio de jurisdicción universal, en contra de Álvaro Uribe Vélez, por la comisión de ejecuciones extrajudiciales durante su gobierno, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal Argentina ha citado a audiencia para mañana, 14 de abril.

La querella, radicada en Argentina en noviembre de 2023 por 11 víctimas y tres organizaciones colombianas de derechos humanos (CSPP, Cajar y CJL), fundamenta la necesidad de instar a la jurisdicción universal ante la persistente impunidad en Colombia respecto a investigaciones y sanciones dirigidas a exmandatarios y máximos responsables por ejecuciones extrajudiciales, al constituir crímenes internacionales.

La citación a una nueva audiencia se da después de que la parte querellante haya presentado una apelación ante el Juzgado Segundo Federal de Buenos Aires, el cual -para octubre 2025- había notificado archivar la causa. La apelación fue luego elevada por el juzgado a la Cámara de apelaciones por el Juzgado.

La apelación enfatizó los principios de la jurisdicción universal y su ffin último de evitar la impunidad frente a crímenes internacionales, operando como un mecanismo subsidiario, destinado a garantizar que los crímenes graves -de lesa humanidad y de guerra – no queden sin investigación ni sanción, cualquiera sea el lugar donde se cometieron o la nacionalidad de las víctimas o los autores.

Es importante mencionar que las autoridades colombianas no han iniciado una investigación penal efectiva dirigida contra el expresidente en cuestión. Asimismo, las menciones a la Jurisdicción Especial para la

Paz (JEP) y la Comisión de Acusaciones como ente competentes para investigar al ex mandatario carece de fundamentos: la JEP no tiene competencia para investigar a ex presidentes y la Comisión, no es un ente judicial sino político.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos, los abogados, representantes de víctimas y familiares de las víctimas reconocen que la ausencia de un proceso judicial que responda a los estándares internacionales, impide el cumplimiento del derecho a la justicia y la verdad para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Por lo anterior, resulta preciso convocar a los esfuerzos ciudadanos, sociales, solidarios, mediáticos y de difusión para que se inste a la justicia argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, y se dé continuidad a la causa penal, abriendo la respectiva investigación, en un acto de corresponsabilidad con las familias de las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, quienes durante décadas de espera y de resistencia siguen tomando alternativas y buscando reconocimiento y sanción bajo la premisa de que los crímenes de lesa humanidad y de guerra no deben conocer fronteras para su juzgamiento.

Agradecemos la lectura, el interés y la disposición para dar tratamiento a este hecho internacional que supone lazos transfronterizos de solidaridad y justicia.

Organizaciones Querellantes:

• Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
• Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar)
• Corporación Jurídica Libertad (CJL)

Representación Legal:

• Máximo Castex (Abogado argentino)
• Bénédict De Moerloose (Abogado internacional)

Contacto: justiciaparalas6402@gmail.com

Más información: www.justiciaparalas6402.co

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